Las más de mil entidades territoriales (municipios y gobernaciones) traen un legado de sistemas pensionales que han venido marchitándose desde la implementación de la Ley 100. No obstante, estas entidades mantienen compromisos pensionales adquiridos con anterioridad, que se refleja en un pasivo proyectado a futuro, normalmente varias décadas al futuro. Las entidades han venido cumpliendo con una tarea de fondeo de este pasivo, y es el MHCP el encargado de gestionar estos fondos, agrupados en el FONPET. Con el auspicio del Banco Multilateral, se buscó el apoyo de Quantil para colaborar con el diseño de elementos específicos de la nueva contratación de terceros especializados en la gestión de portafolios que el MHCP buscaba realizar a lo largo del 2023. Estos elementos, que incluían la estructura de comisiones e incentivos pagaderos a los terceros, los lineamientos y límites de inversión, las penalidades por malos rendimientos, las exigencias de alineación en cara de recursos propios invertidos en el fondo, la posibilidad de segmentar entidades según sus compromisos futuros y los limitantes al riesgo, exigían de un análisis cuantitativo y financiero afín a la teoría de optimización de portafolios, al paradigma ALM de alineación de activos con pasivos, a la cuantificación relativa de riesgos, y a la teoría de diseño de contratos.
El análisis comenzó por describir el objetivo del fondo, en el sentido de optimizar la cobertura que puede ofrecer a los compromisos futuros. La proyección estocástica de estos compromisos se prestaban para cuantificar el riesgo de portafolios de inversión en términos de su desviación; en esencia, una desviación alta pone en riesgo la cobertura del pasivo. Este análisis relativo requería de una modelación asertiva de los factores de riesgo relevantes, resaltando instrumentos de renta fija, pero abarcando en general el universo de instrumentos permisibles de inversión. Con este modelo, el diseño de los elementos contractuales podía determinarse a partir del perfil de riesgo de las entidades, al permitir plantear una maximización de su utilidad esperada, que dependía del comportamiento de los agentes económicos, que a su vez responden a estos elementos contractuales para maximizar su propia utilidad esperada.
Considerando la alta incertidumbre inherente en los plazos analizados, el estudio arrojó conclusiones robustas con respecto al esquema contractual que permitiría optimizar el beneficio para las entidades. Estos puntos fueron presentados en diversas rondas a distintos actores y tomadores de decisión, quienes incluyeron las conclusiones del modelo en un análisis posterior que podía incluir elementos adicionales de orden político, legal, operativo, y de practicidad general para tomar decisiones de los pasos a seguir.
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